Este 13 de febrero de 2025, el Tribunal de Neuquén dictó sentencia por la explosión ocurrida el 29 de junio de 2021 en la escuela-albergue de Aguada San Roque, un hecho que cobró la vida de la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y su sobrino Mariano Spinedi. 

Cuatro de los cinco acusados recibieron penas de prisión efectiva, mientras que Roberto Deza, ex subsecretario de Obras Públicas, fue absuelto. 

Las condenas:

El Tribunal Oral en lo Criminal de Cutral Có, integrado por los jueces Maximiliano Bagnat, Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo, emitió el fallo por unanimidad. Las penas incluyen prisión efectiva e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y profesiones relacionadas con la construcción.

• El tribunal también solicitó al Ministerio de Salud que evalúe y brinde asistencia psicosocial a la población de Aguada San Roque, aún afectada por las secuelas del hecho.

El hecho que marcó un antes y un después

La explosión ocurrió mientras Nicolás Francés y su sobrino Mariano Spinedi realizaban trabajos de gas en la escuela-albergue, en el marco de una obra licitada a la empresa Arte Construcciones. Según las investigaciones, los trabajos se realizaban de manera irregular. Cerca de las 13:50, al ingresar a un ambiente destinado al albergue de niñas, se produjo una explosión seguida de un incendio. Francés y Spinedi fallecieron en el acto, mientras que Mónica Jara, gravemente herida, fue trasladada a Mendoza, donde murió el 12 de julio de 2021.

«Estábamos a expensas de gente que no hizo bien su trabajo»

Marcela Altube, esposa de Nicolás Francés, expresó su dolor y frustración tras la sentencia:
«No es raro que cada inicio de clases, cuando empiezan los primeros fríos, estalle una caldera. Siempre hay problemas con la calefacción y estamos a expensas de gente como esta que no hizo bien su trabajo». (LM Neuquen)

Las palabras de Marcela reflejan la desesperación que, año tras año, enfrenta las consecuencias de la negligencia y la falta de controles. La explosión no fue un hecho aislado, sino el resultado de un sistema que falló en proteger a quienes habitan las escuelas.

En la provincia hay 325 trailers que funcionan como espacios áulicos y 58 establecimientos alquilados que representan una enorme deficiencia en la infraestructura educativa sumado a que gran parte de los establecimientos rondan los 100 años de antiguedad.

El caso de la Escuela 144 expone principalmente las faltas y fallas del mantenimiento de las escuelas y la irresponsabilidad empresarial y política. 

No se pueden dejar pasar detalles como la falsificación de documentos a la hora de presentar certificaciones, o el comentario desafortunado de Juan Manuel Coto, abogado del exdirector provincial de Obras Públicas, Raúl Capdevila: “A esta causa le sobran imputados y le falta chispa»  intentando en su defensa culpar a una de las víctimas de la explosión

¿Cómo evitamos que esto vuelva a ocurrir?

El caso de Aguada San Roque deja preguntas incómodas: ¿Cómo se permitió que una obra de tal envergadura se realizara de manera irregular? ¿Quiénes son los responsables de que no hubiera controles adecuados? ¿Cómo garantizamos que esto no vuelva a ocurrir?

La explosión no solo cobró tres vidas, sino que también dejó al descubierto las fallas de un sistema que debía proteger a la comunidad. 

Un llamado a no olvidar

Aguada San Roque es más que un paraje remoto en la Patagonia. Es un símbolo de las injusticias que sufren las comunidades más vulnerables, lejos de los reflectores de los grandes centros urbanos, al lado de pozos petroleros que sacuden la tierra, contaminan el ambiente y la vida. 

La sentencia es un paso importante, pero no es suficiente. Necesitamos políticas que prioricen la seguridad en las obras públicas, controles rigurosos y un sistema judicial que actúe con celeridad.

Mónica Jara, Nicolás Francés y Mariano Spinedi ya no están, pero su memoria nos obliga a reflexionar y a actuar. Porque la justicia, cuando llega, no repara del todo. Pero puede, al menos, servir para que no se repita.

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Nota al pie:
El fallo fue emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal de Cutral Có, integrado por los jueces Maximiliano Bagnat, Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo. La fiscalía estuvo representada por el fiscal jefe Gastón Liotard y la fiscal Gabriela Macaya.