Entre la urgencia privatizadora y el despojo territorial

Capítulo 1. Un negocio viejo con cara nueva

En los años noventa, el paradigma neoliberal dejó su huella en los ríos del Comahue: concesiones hidroeléctricas a manos privadas, contratos por treinta años y un modelo que separó el agua de la energía como si fueran dos cosas totalmente distintas. 

En 2023 vencieron esas concesiones. Pero, lejos de discutir un nuevo modelo energético con perspectiva federal, social o ambiental, el Gobierno nacional avanza con una reedición remasterizada de aquella entrega.

El 10 de abril de 2025, según confirmaron fuentes oficiales, el Ejecutivo envió a los gobiernos de Neuquén y Río Negro el borrador de los pliegos para licitar nuevamente las centrales Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Las provincias pidieron 30 días para evaluar los documentos; les dieron 15. «Están haciendo esto de forma apresurada, en un tema que es sustancial para la Provincia», advirtió Rubén Etcheverry, ministro de Planificación neuquino.

El artículo 6 del decreto, que abre las puertas a la privatización: 

«dentro de los ciento ochenta (180) días corridos siguientes a la entrada en vigencia del presente la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante».

Las concesiones vencidas continúan operadas por los mismos actores que se beneficiaron durante tres décadas: Enel (El Chocón-Arroyito), Orazul Energy (Cerros Colorados), AES (Alicurá) y Central Puerto (Piedra del Águila). En 2024, ENARSA y NASA crearon sociedades anónimas específicas para cada una de estas centrales, preparando el terreno para su venta.

Capítulo 2: El dominio del agua: ¿de quién son las represas?

La Constitución Nacional reformada en 1994 es clara: los recursos naturales son de dominio originario de las provincias (art. 124). Y el agua es uno de ellos. Las represas en cuestión no solo generan energía: regulan ríos, protegen valles, sostienen sistemas ecológicos y sociales. Están insertas en una red territorial compleja, donde la soberanía energética y ambiental no puede entenderse sin una gestión federal real y efectiva.

El documento técnico elaborado por el COPADE en 2021 resalta que la provincia del Neuquén no solo tiene derechos constitucionales sobre el recurso hídrico, sino también una participación accionaria en una de las centrales (29,9% de Hidroeléctrica El Chocón S.A.), lo que demuestra que existen modelos alternativos de participación estatal que podrían fortalecerse en lugar de cederse.

Esta participación le permitió a la provincia, solo en 2021, ingresar más de 516 millones de pesos en concepto de rentas de la propiedad por dividendos, superando incluso la estimación de recaudación por regalías hidroeléctricas del mismo año. Es decir, la provincia obtuvo más ingresos por ser parte propietaria que por el cobro de regalías derivadas del uso de su propio recurso. 

Las regalías, calculadas sobre precios regulados por el Estado nacional, han demostrado ser una vía limitada para lograr justicia fiscal o compensación territorial. Además, como los dividendos dependen de la política de distribución de la empresa —controlada por el actor mayoritario—, la capacidad real de decisión de la provincia sigue siendo restringida. Aun así, esta experiencia evidencia que existen caminos más beneficiosos que la simple cesión en concesión. 

En el Boletín oficial del 19 de agosto se publica otro decreto (740/2024) de Javier Milei: Un hombre del grupo Rocca queda al mando de las cuencas del Comahue. Horacio Deleonardis es nombrado Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas que administra los cauces de los ríos Limay, Neuquén y Negro.

El manejo de la cuenca es clave en el negocio de la hidroeléctricas porque define los caudales de agua de los ríos. Y de ese caudal depende la cantidad de energía posible de producir por las hidroeléctricas.

Capítulo 3. Neuquén y Río Negro: entre el reclamo y la resignación

Ambas provincias reclaman mayor participación en el proceso licitatorio, pero lo hacen desde una posición ambigua. Por un lado, reconocen su dominio sobre el recurso hídrico y han creado comisiones para evaluar el traspaso. Por otro, no exigen que las centrales vuelvan a gestión estatal ni proponen un modelo alternativo. El reclamo se limita a recibir mejores cánones, como si la cuestión fuera solamente fiscal.

Esta actitud revela una forma de federalismo fragmentado, donde el interés local se negocia por partes, sin articular una estrategia conjunta que defienda la soberanía energética. No hay, hasta ahora, un planteo claro para que las provincias —por separado o en conjunto— gestionan las represas bajo control estatal.

Capítulo 4. Federalismo de papel, energía en fuga

El modelo actual de concesiones implica que empresas privadas cobran por el mantenimiento de instalaciones construidas con fondos públicos, sin hacerse cargo de nuevas obras ni riesgos. La energía generada se despacha al sistema nacional, pero las decisiones se toman en Buenos Aires.

El informe del COPADE denuncia que el esquema de regalías no permite a la provincia compensar los impactos sociales y ecológicos de las represas. Además, advierte sobre las tensiones entre la Ley 15.336 (de los ‘60) y la reforma constitucional del ‘94. Mientras esta última otorga el dominio a las provincias, la primera sigue vigente y legitima la apropiación centralista de la energía.

En este contexto, la privatización no es un proceso técnico, sino político: implica transferir renta y poder a manos que están lejos del territorio y de sus necesidades.

Capítulo 5. Extractivismo digital: la nueva cara del saqueo

La entrega del control hidroenergético del Comahue no sólo tiene que ver con el pasado. En un contexto global de digitalización acelerada, la Patagonia aparece en el radar de grandes corporaciones tecnológicas que buscan instalar centros de datos e infraestructura para inteligencia artificial.

Estas industrias requieren tres elementos clave: energía barata, baja temperatura ambiental y estabilidad política. El sur argentino ofrece las tres. Como denunciaron distintas investigaciones, ya hay iniciativas privadas para desarrollar datacenters en la región, aprovechando las condiciones climáticas para el enfriamiento natural y los beneficios fiscales de las zonas alejadas.

La energía de las represas podría ser clave en ese proceso. Pero en vez de estar al servicio del desarrollo local, corre el riesgo de alimentar un nuevo ciclo de acumulación por desposesión: los datos, como antes el petróleo o el agua, serán extraídos de los territorios sin retorno ni control.

Capítulo 6. ¿Y si las defendemos?

La nota de Marcos Rebasa «La Patagonia en su laberinto: La privatización de las hidroeléctricas» (18/05/2025) lo dice claro: lo que está en juego no es sólo un paquete de acciones o la administración de centrales. Es la soberanía energética, el derecho de las provincias sobre sus recursos y la posibilidad de imaginar otro modelo.

Neuquén y Río Negro pueden reclamar algo más que cánones. Pueden exigir una mesa de negociación federal real, rechazar la privatización sin condiciones y proponer un esquema de gestión estatal o mixta con control ciudadano. Pueden invitar a los pueblos originarios, a las comunidades afectadas y a las universidades a pensar colectivamente el futuro energético.

Porque si no se discute eso, la discusión es apenas sobre precios, mientras la corriente sigue llevándose lo que es de todos.

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Referencias

• Rebasa, Marcos. «La Patagonia en su laberinto: La privatización de las hidroeléctricas» (18/05/2025).
• Gobierno de Neuquén. «Concesiones Hidroeléctricas. Aportes al debate político y jurídico» (COPADE, 2021).
• Diario Río Negro. «Hidroeléctricas: los gobiernos de Neuquén y Río Negro analizan los pliegos para la privatización de las represas» (15/04/2025).
• Entrevistas y declaraciones públicas de Rubén Etcheverry, Cesar Gass y funcionarios provinciales (abril 2025).