Por Carnaza – Julio 2025
Una nueva temporada de invierno se desarrolla en el pueblo y la licitación del Cerro Chapelco dejó muchas preguntas abiertas, pero algunas cosas vienen de larga data.
Esta es una pequeña parte de la historia de lo que hicimos e hicieron con el cerro. De papeles, decretos, noticias, testimonios que construyen identidades y formas de mostrarnos, como aldea, pueblo o hasta ciudad. Porque parece ser que, nos parecemos cada vez más (quizá en las peores referencias) a la vecina ciudad de Bariloche.
Cuando la montaña era del pueblo
La historia del cerro Chapelco no empezó con una licitación ni un decreto. Empezó mucho antes, en las huellas de personas que subían a pie con esquíes de lenga y bastones de colihue.
Antes de los medios de elevación, hubo mochilas cargadas de materiales y refugios levantados a pulso.
En 1945, con apenas dos mil habitantes, un grupo de sanmartinenses empezó a deslizarse por las laderas de Pil Pil y Curruhuinca. Desde 1946 organizados en el Club Lácar, reconocieron al cerro Chapelco como el lugar con mayor proyección para el esquí. Construyeron el primer refugio en la cota 1730, al que llamaron Federico Graeff y se inauguró el 1.º de mayo de 1948.
En 1953, limpiaron bosque a machete para abrir la primera pista.
En los 60, con ayuda de la provincia, llegaron los caminos, la telesilla y la Chancha, -un camión canadiense que empujó el ascenso-.
La montaña era un bien común, un derecho natural.
El cerro era escuela, encuentro y travesía.
Hasta que en 1973, con la llegada de Lagos del Sur y la primera concesión, empezó a escribirse otra historia: la de los contratos, las cesiones, y una montaña que, poco a poco, fue dejando de ser del pueblo.
Primera concesión
El desarrollo de Chapelco como centro de esquí comienza en 1973 con la adjudicación a la empresa «Lagos del Sur S.A» de la explotación y desarrollo del Cerro y el Hotel Sol una vez finalizado.
En noviembre de 1977 la provincia de Neuquén formó una sociedad de economía mixta con Lagos del Sur, denominada «Aldea del Sol» para explotar el complejo turístico de Chapelco, lo que incluía algunos negocios inmobiliarios con la venta de tierras públicas.
Al proyecto no le fue bien, en 1981 el Banco Nacional de Desarrollo interviene ante una virtual quiebra y sostiene la adjudicación hasta 1984
En 1984 la presunción de ilegalidad de esta operación daría lugar a una investigación de la Fiscalía General de Investigaciones Administrativas que en su momento se denominó “caso Austral”. No se resolvió nada.
Con recursos estatales se construyó el aeropuerto, rutas, electricidad, el centro de esquí y el hotel. El modelo era claro: la provincia invertía en infraestructura y el privado operaba bajo concesión.
La montaña, entonces, era un bien común. El cerro, una política pública.
De lo común a lo privado, la arquitectura legal de la entrega
El primer ladrillo en la historia de la pérdida territorial del cerro Chapelco se colocó con el Decreto Provincial N.º 1283/1987. Bajo el argumento de promover el turismo y liberar al Estado de la gestión directa, el gobierno de Neuquén autorizó la desafectación de tierras fiscales ubicadas en el ejido de San Martín de los Andes, para destinarlas a uso turístico y recreativo.
Pero había algo más: esas tierras no estaban vacías, ni eran simplemente “fiscales”. Formaban parte del territorio de la comunidad Mapuche Vera, lo que forzó años más tarde (2010) una “readecuación” administrativa —y territorial— de ese acto fundacional, que nunca fue del todo transparente (Página 7 Decreto 0505/10).
El proceso siguió su curso. En 1993, el Decreto 2960 reformuló las condiciones contractuales con los privados y abrió paso a una flexibilización jurídica que fue fijando los límites del dominio estatal. Ya no se trataba sólo de operar un centro de esquí, sino de comenzar a gestionar territorio como activo empresarial.
En el año 2000, el Decreto 2451 dio un paso más: reconoció de hecho la cesión de tierras a favor de la empresa concesionaria. El patrimonio común empezaba a deslizarse hacia manos privadas.
El punto de inflexión llegó en 2010, con el Decreto 505, que habilitó formalmente a Nieves del Chapelco S.A. a seleccionar 90 hectáreas dentro de un lote de 140 (Clausula 7 imagen anterior) para su futura compra.
Finalmente, en 2014, el Decreto 242 cerró la operación: se transfirió la titularidad privada de esas tierras, sin licitación ni consulta, y a valor fiscal.
Archivo Telenoche – 2017
Pero el conflicto no terminó ahí, lo intentaron en 2019, el gobierno provincial impulsó una modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques para cambiar de color —y categoría legal— la protección ambiental de esas 140 hectáreas. El objetivo era claro: habilitar el desarrollo inmobiliario sobre lo que ya era propiedad privada.
La maniobra, sin embargo, fue frenada por la resistencia de vecinos, organizaciones ambientales y las comunidades mapuche que obligaron a dar marcha atrás con el cambio en el mapa de bosques nativos. El proyecto finalmente no fue aprobado y se mantuvo en comisión. Ese freno ciudadano fue, hasta hoy, una de las últimas defensas colectivas del cerro.
29 Noviembre 2019 – Comunidades y Organizaciones en el salón municipal antes de viajar a Neuquén.
Lo que empezó como una concesión turística terminó en una venta silenciosa de tierras, sin reparación, sin consulta indígena, y sin retorno para el pueblo que habita al pie del cerro. Y lo que se intentó en 2019 (borrar con mapas una protección ambiental para favorecer el negocio privado) podría volver a intentarse mañana, con otro gobierno, otro decreto, y los mismos silencios de siempre.
Desmantelamiento al fin del contrato
A pocos días del vencimiento del contrato que vinculaba a Nieves del Chapelco S.A. con la provincia de Neuquén (cerrado el 7 de abril de 2025), el fiscal de Estado Raúl Gaitán presentó una denuncia formal por “daños al patrimonio provincial” cometidos por la empresa y su presidente, Juan Cruz Adrogué.
Lo que detectó la denuncia:
- Se retiraron aerosillas, equipos de esquí, carpas, uniformes y módulos sanitarios.
- Se destruyeron componentes del sistema eléctrico y de comunicación interna, dejando cables expuestos con riesgo de incendio.
- El medio de arrastre “Lift del Puente” resultó inutilizado.
- Se constató la tala de árboles de lenga en zona amarilla, en violación a la Ley de Bosques
- También se retiraron módulos sanitarios en cotas 1600 y 1700, dejando cañerías expuestas sin protección.
Estas acciones fueron detectadas durante un allanamiento ordenado por la fiscalía.
Simultáneamente, la fiscalía especializada en Delitos Ambientales, conducida por Maximiliano Breide Obeid, abrió otra causa por la tala de bosque de lenga en zona protegida, señalando un posible ilícito ambiental
La versión de la empresa:
Nieves del Chapelco S.A. se defendió calificando la denuncia como una “campaña de difamación” e “inexacta”, negando haber realizado actividades ilícitas durante la transición de la concesión .
La nueva licitación: Todo menos un sorteo.
FORMALIDAD: Un pliego hecho a medida
El pliego exige, que antes de la temporada 2026 el nuevo concesionario instale un medio de elevación desembragable de última generación, con capacidad para al menos 2.000 personas por hora y fabricado por una empresa internacional, con no más de cinco años de antigüedad.
Ese punto, decisivo en la evaluación técnica de las propuestas, es prácticamente inviable de cumplir en tan corto plazo, salvo que la empresa ya cuente con el equipamiento adquirido o reservado. Solo una firma —Transporte Don Otto, del Grupo Trappa— podría afrontar esta exigencia sin depender de los tiempos de fabricación e importación. Ese dato y varias acusaciones no pasaron desapercibidas para otros oferentes, que denunciaron un direccionamiento técnico deliberado para favorecer al grupo que ya controla otros centros de esquí del país, como Catedral y La Hoya.
La misma empresa terminó como única adjudicataria tras la exclusión de otros 6 competidores, entre ellos Plumas Verdes S.A. y la UTE encabezada por Santiago Casanova e Isela Constantini, quienes presentaron impugnaciones formales contra el proceso, denunciaron falta de transparencia, condiciones selectivas y omisiones deliberadas.
FINALIDAD – ¿Un nuevo modelo o más de lo mismo?
El pliego, impone obligaciones técnicas sin sustento legal: exige ampliar el sistema de nieve artificial pero no establece garantías ambientales ni permisos previos para construir un reservorio de agua. En una región donde el uso de fuentes hídricas naturales es un tema altamente sensible, la ausencia de definiciones sobre caudales, impacto ambiental o participación comunitaria deja la puerta abierta a conflictos socioambientales y judicialización.
A eso se suma una cláusula ambigua que otorga al nuevo operador la facultad de «restringir el ingreso por razones operativas o de seguridad», incluso en sectores que no utilizan infraestructura concesionada. Esa habilitación, sin controles ni límites precisos, contradice el espíritu de la Ley Nacional 27.665 de Fomento al Montañismo, a la que Neuquén aún no adhirió, y vulnera el derecho histórico de acceso libre y comunitario al cerro.
Otras modificaciones del nuevo pliego:
-Por primera vez, el canon no es fijo sino proporcional a la facturación: 2 % neto de IVA.
-Se exige una inversión inicial que supera los 60.000 millones de pesos, con respaldo financiero confirmado.
-Se incorpora la obligación de respetar el empleo actual, con prioridad para mano de obra local.
-Se incluyen cupos gratuitos para comunidades mapuche (aunque con un tope global de uso diario).
El riesgo más grande es el de siempre: que se prometan obras imposibles de ejecutar, se otorgue la concesión igual, y luego se alegue «imposibilidad legal» para no cumplir con el plan de inversión. Mientras tanto, el cerro se explota y las comunidades vuelven a quedar afuera.
Lo que en apariencia es un paso hacia la modernización, puede ser en realidad la consolidación de un modelo que concentra poder empresarial, reduce la participación pública y debilita los controles territoriales. En el discurso, se vende un “futuro sustentable”. Pero en la letra chica, se legitima una forma de gestionar la montaña sin pueblo, sin consulta y sin garantías.
La historia ya pasó por acá. Y en este nuevo pliego, el riesgo es repetirla.
Al cerro lo cuida el pueblo
En tiempos donde la montaña es mucho más que un recurso turístico —es cultura, identidad y territorio común—, el silencio institucional frente a estas operaciones es ensordecedor. Al día de hoy no tenemos información de algún planteo público sobre una auditoría del proceso de venta o algún control ambiental riguroso sobre las nuevas obras previstas.
Tampoco hay claridad sobre el uso del agua, el acceso libre a la montaña o los derechos de las comunidades aledañas. Todo parece resumirse a una promesa de inversión privada, a cambio de cesiones y flexibilidades que el Estado no se atreve a discutir.
Fuentes:
https://www.pagina12.com.ar/45902-el-cerro-chapelco-de-remate
CARNAZA 
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